Evaluará Gobierno CDMX derechos de personas privadas de su libertad mediantes indicadores elaborados con ONU

• El Sistema Penitenciario podrá diseñar políticas para mejorar la calidad de vida de esta población

Por primera vez, el Gobierno de la CDMX empleará indicadores elaborados en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México, para conocer y evaluar la situación actual de los derechos de las personas privadas de su libertad.

Los resultados permitirán diseñar políticas que mejoren su estancia en los centros de reinserción. Para ello, la Secretaría de Gobierno trabajó en la elaboración de la metodología e indicadores que permitirán allegarse de información certera y confiable para generar acciones que garanticen los derechos de esta población.

Patricia Mercado Castro, titular de la dependencia, encabezó este viernes la presentación de los indicadores durante la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Reinserción Social de los Centros Penitenciarios y de Servicios Post-penales de la CDMX.

En esta tarea participó la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, que trabajó desde octubre de 2016 en coordinación con la OACNUDH en México. En 2018, la Subsecretaría dará a conocer los resultados que arrojen los indicadores.

Mercado Castro recordó que al inicio de este gobierno, existía 80 por ciento de sobrepoblación penitenciaria y se logró reducir actualmente a un 17 por ciento.

Acompañada del subsecretario de Sistema Penitenciario capitalino, Hazael Ruiz Ortega, la secretaria de Gobierno señaló que como parte de la labor en centros penitenciarios, también se lleva a cabo la auditoria de expedientes.

En el Patio Central del Fideicomiso del Centro Histórico, la funcionaria capitalina destacó la participación de la sociedad civil y de quienes conforman la Comisión Intersecretarial de Reinserción Social para que las secretarías tomen en cuenta dentro de sus presupuestos y programas a la población privada de su libertad, a fin de garantizarles sus derechos.

El Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, destacó que este es un ejercicio inédito, pionero en cuanto a sistemas penitenciarios en el país.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, recalcó que las personas privadas de su libertad están integradas dentro de los 19 grupos prioritarios que marca la Constitución. “La Secretaría de Gobierno ha venido trabajando un concepto que tiene mucho sentido, que tiene que ver con el derecho al porvenir”.

Para el caso de la CDMX, fueron redactados 84 indicadores estructurales, de proceso y de resultados.

Con estos, el Gobierno de la Ciudad se compromete a medir 8 derechos de las personas privadas de su libertad: 1) a la educación, 2) al trabajo, 3) al más alto nivel posible de salud física y mental, 4) a una alimentación adecuada, 5) a un espacio digno para vivir, 6) a la integridad y seguridad personales, 7) a no ser sometida/o a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes y 8) a tener contacto con el exterior.

Además, los indicadores permitirán hacer visible la situación de los derechos de las mujeres, la población LGBTTTI, indígenas, personas que viven con discapacidad, jóvenes y adultos mayores. Así, el Sistema Penitenciario focalizará la atención a estas poblaciones.

Con ello, el Gobierno de la Ciudad refrenda el compromiso del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, de impulsar políticas para el Sistema Penitenciario basadas en los principios de mejores condiciones y derecho al porvenir.

En la sesión participó la directora General del Instituto de Reinserción Social capitalino, Paola Zavala, así como representantes de las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial, entre ellas, las secretarías de Desarrollo Social, de Educación, de Salud, del Trabajo y Fomento al Empleo, de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, así como de los institutos locales de las Mujeres, de la Juventud, del Deporte y de Educación Media Superior, entre otras.

También estuvieron presentes la vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa, Rebeca Peralta, así como los legisladores locales Luis Mendoza e Iván Texta, además del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Ramón Sentíes.